La “empanización” de la CDI

Marcos Matías Alonso

Desde el nombramiento, en diciembre del 2006, de Luis H. Álvarez (LHA) como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), la institución se convierte cada día en una instancia para la promoción electoral del PAN. Para nadie es un secreto que LHA pertenece a la casta de notables de los “blanquiazules” de alcurnia. Su estirpe panista data de hace muchas décadas.

La amplia hoja de vida de LHA habla por sí misma: ex candidato a la presidencia de la república y a la gubernatura de Chihuahua por el PAN. Sus aspiraciones políticas fueron atajadas por los candidatos del PRI, quienes sepultaron su pretensión de llegar a los Pinos y Gobernar Chihuahua, su estado natal. Ha sido presidente y líder vitalicio del Comité Ejecutivo Nacional y ex Senador de la República. ¿Alguien puede dudar de su prosapia panista? ¿Alguien puede dudar que la doctrina panista no impregne a la CDI con un hombre prominente del panismo nacional?

El segundo hombre que capitanea las decisiones de la CDI es Xavier Antonio Abreu Sierra, candidato del PAN a la gubernatura de Yucatán en el 2007. Ivonne Ortega, candidata del PRI y actual gobernadora de ese estado, cortó de tajo los sueños políticos de X. Abreu, quien desde su derrota electoral del 2007 se refugió en la CDI como jefe de la Unidad de Coordinación y Enlace. Tanto LHA, como X. Abreu, saben la importancia del voto rural-indígena y su estrategia es expandir el mercado electoral del PAN desde la CDI hacia las regiones indígenas de México.

El PAN tiene alta prioridad de propagar su mercado electoral hacia el centro y sur de México. También han reclutado algunos cuadros de origen indígena. Por ello, en la estructura nacional de la CDI incorporó a Prisciliano Jiménez Rosales (PJR), originario de la región de Uruapan y alcalde interino por el PAN en el 2004 en ese municipio. Desde su nombramiento como jefe de la Unidad de Planeación y Consulta, varias voces declararon que PJR es “un auténtico desconocedor de las reivindicaciones indígenas…, no lo conocemos y no tiene ningún trabajo con nuestros pueblos”. Sin embargo, la CDI lo muestra como parte de su rostro indígena en la institución. Un rostro panista con silueta indígena y una sombra purépecha lejana. Por cierto, desde el mes pasado PJR afronta una denuncia en la PGJDF por abuso sexual y su caso se está turnando a la Secretaría de la Función Pública para reclamar su inhabilitación como funcionario en la CDI.

Con la CDI en tiempos del PAN estamos en el esplendor del tiempo de la usurpación panista en una institución que debe tener la noble misión de trabajar con y para los pueblos indígenas de México.

En la mayoría de las delegaciones estatales de la CDI se impulsan relevos institucionales. El gobierno federal y el PAN quieren ganar terreno en las regiones indígenas del país y se montan en las delegaciones de la CDI para promover su estrategia política y cautivar el mercado electoral del voto indígena. Veamos algunos ejemplos:

Lorenzo Ledezma González, delegado de la CDI en Baja California, denunciado por indígenas por condicionar apoyos institucionales a grupos que pertenecen al PAN. Mario Eberto Javalera Lino, delegado de la CDI en Chihuahua, con abierta militancia en el PAN y funcionario en el gobierno en la administración de Francisco Barrio Terrazas. Jesús Caridad Aguilar Muñoz, delegado de la CDI en Chiapas, militante panista con influencia partidaria en la región de San Cristóbal de las Casas. Pedro Barrera Pérez, delegado de la CDI en Michoacán, activo militante y miembro del Comité Ejecutivo Estatal del PAN. Concepción Rueda Gómez, delegada de la CDI en Oaxaca y reconocida militante del PAN en ese estado. Anahí Romero Alonso, delegada de la CDI en Puebla, con vínculos a nivel estatal y federal con el PAN. Diana Mercedes Canto Moreno, delegada de la CDI en Yucatán, reconocida militante del PAN en ese estado. Fidel L. Giménez Valdés, delegado de la CDI en Morelos, quien con su propia voz afirma: “yo nací en el PAN y trabajo para mi partido”, Guillermo Álvarez Nicanor, delegado de la CDI en Guerrero, indígena propuesto por los pueblos y organizaciones indígenas de ese estado.

En la mayoría de los relevos institucionales hubo diversas protestas e inconformidades por parte de los consejeros indígenas de la CDI, trabajadores sindicalizados y los propios pueblos y comunidades indígenas. Oaxaca, Guerrero y Puebla, son los estados donde se han vivido situaciones de mayor conflicto social. El descontento ha sido apagado con la cooptación, división de los reclamantes, ofrecimiento de beneficios económicos, la gestión de proyectos comunitarios de los quejosos y un sinfín de mecanismos para disipar el reclamo y garantizar la permanencia de delegados panistas en la CDI.

A finales del 2007, Guerrero se convirtió en el único estado en donde los representantes indígenas se movilizaron para detener la imposición del delegado. La representación indígena convino acuerdos con los directivos de la CDI para organizar la Convención Estatal Indígena (CEI) y asumieron como compromiso que desde esta instancia surgiría la terna para elegir al nuevo delegado. Asimismo, quedó definido el perfil: ser de origen indígena, guerrerense, con trayectoria reconocida y experiencia en la administración pública. En el contexto de esta experiencia inédita, el 5 de noviembre del 2007 se nombró a Guillermo Álvarez Nicanor, como delegado de la CDI en Guerrero.

Un año y medio después, la CDI vuelve a repetir el mismo error del 2007, al querer imponer, una vez más, a un delegado originario del estado de Yucatán y destituir a un servidor de origen indígena. Los pueblos y comunidades indígenas se sienten agraviados por una decisión institucional que los ignora y no los toma en cuenta. Ratifican que el PAN los considera como menores de edad y sin capacidad para dirigir las instituciones que en su nombre se han creado.

Diversos representantes de los pueblos indígenas se han movilizado a las oficinas centrales de la CDI en el DF, casi diez días mantienen tomada la oficina de la CDI en Chilpancingo, y una semana tomadas las oficinas regionales de la CDI en Tlapa, Chilapa y Ometepec. A la Secretaría de Asuntos Indígenas la ven como la responsable desde donde se fraguó la propuesta de Gonzalo Solís para sustituir a Guillermo Álvarez.

El pasado 28 de mayo, el Dip. Victoriano Wences Real, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Congreso de Guerrero y el suscrito, convocamos a Luis H. Álvarez, Director General de la CDI, hacer todos los esfuerzos necesarios para encontrar una solución pacífica y perentoria del conflicto que se ha desatado en la CDI-Guerrero. No hubo ninguna respuesta de nuestra comunicación.

Por si fuera poco, el 4 de junio del año en curso, el Congreso del Estado suscribió el Acuerdo Parlamentario que señala textualmente: “…exhorta respetuosamente al Ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para que instruya al ciudadano Luis H. Álvarez Álvarez, Director General de la CDI, para que en el marco de sus atribuciones consideren y en estricto apego al Derecho de Consulta y Participación que les asiste a los indígenas, se abra inmediatamente el proceso de consulta para que a través de ésta se designe al nuevo delegado de la CDI en Guerrero”. Tampoco ha habido respuesta al exhorto del poder legislativo local.

La pasividad e indiferencia de Luis H. Álvarez menosprecia no sólo a los pueblos y comunidades indígenas, sino a los propios legisladores del Congreso local. Aún es tiempo de tomar las mejores decisiones y evitar la radicalización de la protesta de los pueblos. Sólo se necesita establecer una Mesa de Diálogo para organizar el mecanismo de la consulta y participación indígena. Por lo visto, Felipe Calderón y Luis H. Álvarez no están dispuestos a ceder y conceder los derechos más elementales de los pueblos indígenas.