Ser migrante gitano

S

e reanuda en estas semanas la ola de racismo y violencia institucional en contra de las poblaciones gitanas del viejo continente. Las poblaciones rom y sinti –las dos mayores etnias gitanas–, que contarían al menos a 12 millones de personas en Europa, según estimaciones de la Comisión Europea, son hoy víctimas de la campaña xenófoba del gobierno francés de Nicolas Sarkozy. Hace un par de años fue el gobierno italiano, hoy es el país de igualdad, fraternidad y libertad el que niega sus orígenes formales e imprime toda la violencia derivada de la crisis que lo atraviesa sobre la población gitana, desde siempre objeto de persecución por su naturaleza incomprendida.

El pretexto formal para las deportaciones de estas semanas es siempre el mismo: seguridad. Y aunque las críticas no hayan faltado –tanto por parte de las instituciones de la Unión Europea (UE) como por la Iglesia católica, la ONU y el amplio abanico de organizaciones pro migrantes–, Sarkozy insiste en expulsar y deportar cientos de ciudadanos de Bulgaria y Rumania –y por ende ciudadanos europeos– bajo la excusa del supuesto carácter ‘criminal’ de estos ciudadanos:las expulsiones son legales, pues se puede restringir el derecho a la libre circulación (de los ciudadanos europeos) por razones de orden público, seguridad y salud, se responde desde París a las críticas. Y desde Bruselas se declara que el caso se está estudiando con atención. Claro, mientras los burócratas europeos encuentren la razón legal de tanta infamia institucional, el daño ya estará cumplido: al menos 700 ciudadanos gitanos –según el programa francés– serán alejados de sus vidas en tierras gálicas y regresados a un futuro anterior en sus tierras de origen.

Al contrario de la mayoría de los gobierno de la UE, el gobierno italiano hoy festeja pues finalmente encuentra un socio digno de sus violencias. El ministro de Interiores italiano, el racista Roberto Maroni, criticado acremente hace dos años por las expulsiones de gitanos desde Italia, hoy festeja y reivindica la patria potestad de la medida francesa. Tiene razón Sarkozy, advierte, pues no está haciendo nada más que copiar a Italia. Es más, Maroni insiste con su vieja idea: Hay que hacer más, es decir llegar a las expulsiones de los ciudadanos comunitarios (de la UE) que no respeten las reglas de legal estancia.

Exagerado. Aún así el italiano corre el riesgo que su tesis pegue y tenga el éxito necesario, sino en sede legislativa, al menos ahí en donde la crisis hoy está llevando sus mayores consecuencias: en el estomago de la vieja Europa, hambrienta hoy como lo fue hace menos de un siglo de un enemigo a quien golpear. Se desbarata y finalmente se desvanece así la validez del criterio jurídico y social de acceso a los derechos contemplado en la idea originaria que separaba a los ciudadanos de la unión de los ciudadanos de países terceros. Ya era discutible esa postura, hoy la creación de ciudadanos de segunda (los gitanos y los criminales) rompe inclusive ese postulado de la ciudadanía europea. Así las cosas, la Europa de la integración y la cohesión social, la misma que invirtió 17 mil 500 millones de euros para el periodo 2007-2013 justamente en la integración de los gitanos en 12 países de la UE, es continuamente rebasada y vencida por la Europa policiaca de la seguridad a cualquier precio.

Si el precio se cobra a las poblaciones gitanas parece ser inclusive una ventaja. Esta población ha sufrido las peores persecuciones de la historia y son tales justamente porque, proporcionalmente, nadie las recuerda y, al contrario, casi las justifica. Justificación por prejuicios contra una población sumamente incomprendida por su supuesta diversidad. Suposición a su vez fundamentadas sobre enormes equivocaciones como la que pretende que estas personas tienen la vocación cultural de no quedarse en ningún lugar. La verdad es que los gitanos viven en un mundo en el que no existe proyecto alguno de integración –y comprensión– justamente porque su vida se escapa aún demasiado de todas las categorías previstas. Una población frágil que muchos prejuicios que la rodean obligaron a tener un estilo de vida peculiar. Por lo anterior, los gitanos se convierten en el sujeto más fácil y cómodo para la construcción de chivos expiatorios por sacrificar en el momento más adecuado: campañas electorales, escándalos de palacio, frustración social acumulada, etcétera. Es difícil de creer que en 2010, tras el terrible pasado de Europa en el terreno del racismo y la intolerancia, es todavía posible criminalizar a una etnia entera a través de su señalamiento en cuanto problema social.

Y sin embargo, asusta aún más la ausencia más o menos absoluta de algún tipo de reacción por parte de losotros ciudadanos europeos. La indiferencia o inclusive el beneplácito frente a las acciones de la policía francesa hoy, italiana ayer, mas europea en general, deja sin palabras al más optimista de los analistas. Este parece ser el presente europeo: no sentirse nunca responsables de alguna manera del destino ajeno porque demasiados ocupados en defender el propio sin siquiera entender que existe una interdependencia que no se puede borrar. Hasta que no llegaran a nuestras casas, podría uno decir, y entonces descubriremos que ya no habrá nadie que se preocupe y proteste por nuestro destino.

MATTEO DEAN, La Jornada (29 de agosto de 2010)

Coloquio Voces de esclavos

El censo de Sarkosy: La República y la etnia.

Editorial de El País, diario de España

La decisión de elaborar un censo étnico adoptada por el presidente Sarkozy ha desencadenado una intensa polémica en Francia, de inmediato extendida a otros países europeos. Francia representa el modelo republicano para gestionar las diferencias de origen, credo o raza, opuesto al anglosajón. Donde éste establecía políticas dirigidas expresamente a minimizar el efecto de las diferencias entre los individuos y, por tanto, precisaba de un reconocimiento legal previo de su existencia, el modelo republicano optaba por reforzar categorías abstractas que, como la de ciudadanía, buscaban, precisamente, convertir en irrelevantes las disparidades de origen, credo o raza. Con el censo étnico promovido desde el Estado, el modelo republicano francés adopta un instrumento propio del anglosajón.

No son las intenciones del Gobierno francés lo que merece discusión, puesto que no cabe duda de que busca combatir la exclusión y la xenofobia como dos caras de una misma moneda, sino la compatibilidad del instrumento que ha escogido con el modelo republicano. Los partidarios del censo alegan que es una herramienta imprescindible para conocer una realidad en la que la diversidad étnica de los individuos -sea lo que sea, por lo demás, una etnia-, está asociada a las disparidades de renta o a las dificultades para acceder al empleo. El modelo republicano no niega que esto sea así, pero entendía que las instituciones debían combatir estos problemas a través de políticas sociales y leyes contra la discriminación, no mediante iniciativas que, por colocar en primer plano las diferencias de origen, raza o credo, acaban por fuerza aproximándose a una ingeniería social orientada a disolver las minorías en la mayoría, también ésta obligada a definirse en términos étnicos.

El Gobierno francés ha anunciado que el censo étnico se realizará a través de encuestas de carácter voluntario. En realidad, no podría llevar a cabo esta iniciativa mediante ningún otro mecanismo, puesto que chocaría de inmediato con el mandato republicano de la igualdad ante la ley. Pero, por esta misma razón, el Gobierno francés también tendrá dificultades para elaborar políticas de calado que tomen como punto de partida el resultado de las encuestas. Una vez más, los partidarios del censo étnico han señalado que es preferible que el Estado conozca la realidad a que no la conozca. Pero el problema, entonces, tiene que ver con la relación entre costes y beneficios. El beneficio consistiría en que el Estado obtendría una información sobre la que no puede operar. El coste, en cambio, sería el de haber creado un instrumento que en el mejor de los casos es inutilizable y, en el peor, puede servir a la causa de la discriminación. Además de que contribuiría a normalizar el discurso etnicista en Europa y a transmitir la inquietante idea de que la acción de las instituciones debe ser juzgada por sus intenciones, no por los medios a los que recurren.

Sarkozy planea un censo étnico en Francia

EL PAIS
ANTONIO JIMÉNEZ BARCA - París - 25/03/2009

El año pasado, Nicolas Sarkozy hizo a un hombre particular un encargo delicado. Corría el mes de diciembre y el presidente de la República francesa, tras nombrar Comisario de la Diversidad a Yazid Sabeg, un abogado de origen argelino convertido en empresario exitoso, le ordenó que se hiciera con "las herramientas estadísticas" necesarias para "radiografiar" la sociedad. Y añadió: "La igualdad de oportunidades teórica debe convertirse en algo real". La polémica estaba servida. Lo que Sarkozy estaba proponiendo a Sabeg era, a juicio de algunos, que saltase por encima de los principios de la República y rompiese uno de los tabúes franceses: el de impedir hacer estadísticas y encuestas en las que los datos relevantes sean el color de la piel, el origen u otro signo de posible discriminación racial.

El abogado de origen argelino, defensor a ultranza de las políticas de discriminación positiva y partidario, por tanto, de que el Estado regule la inclusión de un número determinado de personas pertenecientes a minorías étnicas en empresas públicas, en la universidad o en la política, entre otras instituciones, aceptó encantado y se puso manos a la obra.

Prometió que en marzo entregaría a Sarkozy un informe con el que podría llevar a la Asamblea un proyecto de ley para hacer las controvertidas encuestas, denominadas en Francia "estadísticas étnicas". Los partidarios de estas encuestas, permitidas en Estados Unidos y en Reino Unido, aseguran que su confección permite "ver" a los inmigrantes, "descubrirles" en la sociedad, en una palabra, enterarse de si existe discriminación o no, un paso previo e indispensable para poder luchar contra ella.

Sabeg, en una entrevista reciente concedida a Le Monde, las defendía así: "Estas estadísticas y encuestas permitirán medir la amplitud de la discriminación y de la eficacia de las políticas de integración".

No faltaron voces que criticaron la medida. Incluso en el mismo Gobierno o en el partido de Sarkozy. Apelaron, ni más ni menos, que a los sagrados principios de igualdad de la República Francesa. Fadela Amara, secretaria de Estado de Política de la Ciudad, esto es, la delegada del Gobierno para coordinar las políticas en los barrios pobres, saltó como un resorte al enterarse de las intenciones de Sarkozy: "Las estadísticas étnicas, la discriminación positiva, las cuotas, todo eso es una caricatura. Nuestra República no debe convertirse en un mosaico de comunidades. Nadie debe portar ya ninguna estrella amarilla", dijo en Le Parisien, en alusión a la marca que los nazis obligaron a llevar a los ciudadanos judíos durante la II Guerra Mundial, incluida Francia. Amara, feminista comprometida con los habitantes de las periferias de las grandes ciudades, y defensora sobre todo de los derechos de las chicas de origen árabe y africano, añadió: "El hecho de ser negro no es un diploma. Ser árabe no es un valor en sí. Todo lo que tienda a favorecer a sectores de población según criterios étnicos desintegra el proyecto republicano".

Coincidía con portavoces de otras organizaciones poco sospechosas de no defender a los inmigrantes, como SOS Racismo, que también se declaró desde el primer momento en contra de la medida por considerarla, precisamente, discriminatoria.

Otro miembro del Gobierno, el secretario de Estado de Relaciones con el Parlamento, Roger Karoutchi, manifestaba: "La idea original es buena, pero la ficha étnica trae malos recuerdos. Si viviéramos en un país ideal, estaría muy bien, pero en Francia, esto es un riesgo".

En vista de la polémica, Sabeg dio el lunes un paso atrás. Las "estadísticas étnicas" no se aplicarán, por lo menos, hasta junio. El Comisario para la Diversidad ha creado un comité compuesto por una decena de expertos (sociólogos, demógrafos, periodistas, especialistas en recursos humanos...) a fin de reunirse periódicamente para elaborar un informe "independiente" sobre la materia. El presidente de este comité es el director del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, François Héran. "Ahora mismo se hacen estadísticas en las que se pregunta el origen de los padres. Pero sólo cada 10 años. Y eso no sirve. Nuestra misión es elaborar métodos estadísticos, herramientas demográficas encaminadas a desatascar la cuestión. Las preguntas versarán, por ejemplo, sobre si uno se siente discriminado por el color de piel, o si se considera dentro de un grupo étnico. Siempre será de modo anónimo y siempre con el consentimiento expreso del encuestado", explica Héran. A partir de junio, corresponderá al Gobierno decidir qué hace con el informe de los expertos.

Mientras tanto, el debate se ha trasladado a los periódicos y a la calle. Michel Varoquier, un mecánico de 20 años que trabaja en París, afirmaba ayer: "Yo no entiendo mucho de estadísticas, pero está claro que aquí estamos discriminados. No hay más que vernos. Aquí, ahora mismo, no podría haber un presidente negro como Obama".

Sin embargo, el presidente del Consejo Representativo de Asociaciones Negras de Francia, Patrick Lozès, defendió el proyecto en una tribuna: "¿Hay que entender que, cuando se es negro o magrebí, para obtener un trabajo en este país es necesario esconderse?".