Por Juan María Alponte
(Publicado en El Universal)
En el informe de Transparencia Internacional —Global Corruption Report 2007. Corruption in Judicial System—, el capítulo dedicado a México, comienza así: “La peor consecuencia de la corrupción en México es el alto nivel de impunidad, ampliamente generada por varios actores del sistema judicial: la policía, los fiscales, los jueces y los oficiales de prisiones”. En la revista del CISAN-UNAM, Voices of Mexico, January-April 2008, los investigadores y profesores de la UNAM, Miguel Carbonell y Enrique Ochoa Reza, en su artículo “The Direction of Criminal Justice Reform in Mexico”, añaden: “El análisis del sistema sobre la justicia criminal de México debe comenzar con una certidumbre: que nosotros podemos decir, sin temor a exagerar, que está en completa bancarrota”.
El asesinato de Vicente Guerrero, presidente de México —del 1 de abril al 17 de diciembre de 1829— viejo caudillo insurgente, había nacido en Tixtla en 1783, Vicente Guerrero, de formación cultural primaria, pero consciente de las realidades de su tiempo, perteneció al partido yorkino y vivió las azarosas guerras civiles de la nueva nación independiente. Refugiado en las serranías del sur, Vicente Guerrero siguió constituyendo un problema. Desde el poder se inició una conspiración para eliminarle. Se sabía que tenía buenas relaciones con el capitán de un buque genovés, el Colombo, anclado en Acapulco.
Se estableció contacto con él y se le pagó para que, Francisco Picaluga, su capitán, invitara a comer, en el navío, a Vicente Guerrero. Éste llegó al buque con otras personas. De acuerdo con lo acordado en México, Picaluga levó anclas y la tripulación, armada para el caso, hizo prisionero a Vicente Guerrero. El 20 de enero de 1831 llegaron a Huatulco. Allí fue entregado a un grupo militar —enviado por el gobierno— al mando del capitán Miguel González y el teniente Fuentes. A Vicente Guerrero —sintetizo el relato de Zavala, uno de los “invitados”— se le condujo a Oaxaca.
El día 10 de febrero: Consejo de Guerra, presidido por el coronel Valentín Canalizo. Condenó a muerte a Guerrero. Se le ejecutó, sin más, el 14 de febrero de 1831. Tenía 48 años. No formaba parte ni social ni políticamente de los criollos ricos y blancos. Era el revés de esa versión social y cultural.
Hubo muchos nombres, supuestos, posibles o no, como responsables del asesinato del insurgente —se afirmó que Picaluga recibió 50 mil pesos oro— y nunca se pudo probar, judicialmente, nada. El presidente Bocanegra (interino y de poca duración) en sus Memorias, al relatar el caso, dice estas palabras: “¡Qué oprobio y qué vergüenza para los mexicanos!”. El torrente ígneo de la historia se continuó.
En la República de Génova —la unidad de Italia como nación se producirá en los finales del siglo XIX al desaparecer los Estados Pontificios— no se olvidó el caso de Picaluga. El Gran Consejo Superior del Almirantazgo se hizo cargo del caso. El Consejo hizo su filiación: “Francisco Picaluga, hijo del finado Guillermo, de 44 años de edad, capitán de segunda clase de la Marina Mercantil, es contumaz procesado. Se encargó hacia el fin de 1830, en la ciudad de México, mediante una recompensa convenida, a entregar al poder del partido dominante, entonces, la persona del presidente que fue, general Guerrero, que se encontraba en Acapulco…”.
Oído por el Consejo el atestado, Francisco Picaluga fue condenado a muerte “y obligado a la indemnización que de derecho corresponde a los herederos del general Guerrero, declarándolo expuesto a la argolla, como enemigo de la patria…”. La viuda de Guerrero y su hija recibieron notificación del Tribunal sobre la indemnización. Se negaron a recibirla. Señalaron que “perdonaban a Picaluga”. Sabían de dónde había llegado la muerte. Hasta hoy.
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