Eduardo Añorve
Cuajinicuilapa de Santamaría, Gro.
1 de febrero de 2016
El presidente y la síndica. El erario como botín. Fotografía: Eduardo Añorve (archivo).
Un ciudadano de esta cabecera municipal asegura, contundente, que el presidente de Cuajinicuilapa “no tiene cara para andarse quejando, muchas de esas demandas de las que se queja son de su gente”.
Esto que este ciudadano dice a este reportero es una verdad que es muy conocida en esta cabecera municipal, y así lo corroboran testimonios e información recogida.
Incluso, hace menos de diez días se reunió un grupo de querellantes que han demandado al Ayuntamiento de Cuajinicuilapa en diferentes periodos, entre los que se encontraban algunos servidores y funcionarios públicos; allí no faltaron los reclamos de una definición: o quieren el empleo o quieren el laudo laboral; sin embargo, no hubo tal definición, “ninguno quiso dejar de mamar las dos chiches”, como resumió un testigo.
Por otro lado, el licenciado Constantino García Cisneros se ha quejado constantemente en los medios de comunicación de que su administración está acotada por muchos casos de demandas laborales contra el Ayuntamiento interpuestas en distintas épocas, tantas y algunas tan desmesuradas que en estos días suman unos 220 millones de pesos los que se adeudan.
También ha dicho en público que por ese motivo el tan prometido progreso y el tan vociferado desarrollo de Cuajinicuilapa está en riesgo, pues se tienen que destinar recursos públicos, o desviarlos, para un fin que originalmente no se pensó: pagar los montos de las demandas laborales perdidas.
DEMANDAS LABORALES DUDOSAS, DE PRIISTAS QUE TRABAJARON CON GARCÍA CISNEROS
Apenas la semana pasada le descontaron a las finanzas del municipio de Cuajinicuilapa 400 mil pesos del llamado gasto corriente, por un laudo laboral que perdió el Ayuntamiento y que viene desde 1998, de antes de que Constantino García fuera presidente por primera vez (1999-2002) también por el Partido Revolucionario Institucional.
Es decir, que durante su gobierno el presidente de Cuajinicuilapa (abogado de profesión, según presume) no actuó con eficacia para impedir que esa demanda se alargara, permitiendo que ese proceso se complicara y ahora el monto inicial se haya multiplicado.
Del periodo del presidente García Cisneros, un grupo de 75 trabajadores (y algunos que no le eran o no lo parecían, miembros del grupo político al que él pertenecía, el encabezado por “el licenciado” Andrés Cruz Castro, padre político putativo suyo) demandó al Ayuntamiento por motivos presuntamente laborales.
De acuerdo con especialistas en la materia, el problema es que los presidentes municipales en turno, de la mayoría de los ayuntamientos, en vez de llegar a arreglos con los demandantes, prefieren alargar los juicios y se van a amparo, por lo que cuando los casos se resuelven a favor de los trabajadores, las cantidades se duplican o triplican por los salarios caídos, como en el caso de Cuajinicuilapa.
FUNCIONARIOS PÚBLICOS: ENEMIGOS DEL ERARIO
El secretario particular. Las dos tortas. Fotografía: Eduardo Añorve (archivo).
Actualmente, varios de los trabajadores que demandaron al Ayuntamiento son parte del gobierno del mismo, como la síndica procuradora Josefa Villarreal Baños, el secretario particular del presidente García Cisneros, Elías Damián Rodríguez, el director de Gobernación, Fidel Martínez Gómez, Eduardo Román Salinas, Gonzalo Mariche Calleja, Humberto Martínez Sánchez, Honorio Colón Guillén, David Margarito Cruz Jiménez y María Luz Gazga o María de la Luz Gazga.
Otros demandantes, pertenecientes a este grupo, y que después de ser despedidos y demandar en 2003 han vuelto a trabajar al servicio del Ayuntamiento en otros periodos son: Valentín Eleucadio Agustiniano Montalván, Alejandro González Saligán, Juvenal Arellanes Bracamontes, Uriel Cenobio Cruz Martínez, Patricio Cruz Prudente y Joaquín Quirino Cruz Jiménez, varios de ellos familiares del expresidente Andrés Cruz Castro.
OTROS DEMANDANTES
Y hay otros demandantes del mismo grupo que también ganaron una querella al Ayuntamiento y que serán indemnizados, y son, entre otros más: E. Catalina Fuentes Quevedo, Minerva Arellanes Sugía, Santiago Morales Valentín, Eneyda Aguirre Mariche, Nelly Luz Abigail Torres González e Inocente Arroyo Martínez, algunos de los cuales no han trabajado a su servicio.
Se habla también de cuatro presuntos trabajadores de Acapulco, que cuidaban su casa en el puerto y trabajaban al servicio del “licenciado Andrés”, quienes tendrán ahora como recompensa sumas elevadas.
Por otro lado, durante el periodo de los perredistas Vicente Cortés Rodríguez, presidente, y Zeferino Torreblanca Galindo, gobernador, se interpusieron numerosas demandas, y otras más al concluir su administración, algunas de las cuales han sido ganadas y pagadas, en tanto que otras han sido ganadas por los demandantes pero todavía están por ser pagadas por el Ayuntamiento.
Esta información es manejada con hermetismo, pero se conocen algunos datos relacionados con los 220 millones a los que se refiere el presidente Constantino García: por una sola demanda laboral, de un total de 53 que acumuló de 2003 a 2013, le están requiriendo 97 millones 368 mil 431 pesos, bajo el expediente 15/2009; una segunda demanda, la 955/2009, es por la cantidad de 4 millones 339 mil pesos.
También enfrenta un embargo de 12 millones 16 mil 772 pesos, bajo el expediente laboral 93/2008.
Curiosamente, el autodenominado presidente de los pobres y los negros se queja de lo mismo que en su momento se quejó el también autodenominado presidente de los pobres y los negros, el expresidente Yrineo Loya Flores: que heredaron laudos laborales contrarios, el pretexto idóneo para que las obras escasearan, en el caso del último.
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